“El Caracazo” fue un estallido social que
ocurrió en 1989 por las medidas económicas impuestas por Carlos Andrés Pérez.
Hoy comparamos esta situación con las protestas ocurridas contra el gobierno de
Nicolás Maduro.
El 27 y 28 de febrero de
1989 se originó un estallido social en la capital de Venezuela, mejor conocido
como “El Caracazo”. Las protestas obligaron al ex presidente Carlos Andrés
Pérez a sacar el Ejército a las calles y suspender las garantías
constitucionales.
El
levantamiento se originó debido a una serie de medidas económicas que tomó el
ex presidente Carlos Andrés Pérez durante su segundo mandato, que además de los
distintos impuestos que se implementaron, también enmarcaba el aumento de la
gasolina en un 94%, el pasaje urbano en un 30%.
En todos los gobiernos del país, se ha vivido
la desaparición de la clase media: existe gente muy adinerada o ahogada por
la pobreza.
ANTECEDENTES AL
CARACAZO
Una vez electo Carlos Andrés Pérez, en su segundo período, la terrible realidad
económica del país (una deuda externa
de 32 mil millones de dólares) salió
a la luz pública, justificando el escenario para la inminente entrega del país
al Fondo Monetario Internacional (FMI). Ello no impediría que el 2 de
febrero se realizara una fastuosa toma de posesión en el Teatro Teresa Carreño.
Los venezolanos llegaron a referirse a ella como la “Coronación”.
“Si escogiera la vida fácil de eludir las
dificultades y tratar de ocultar lo que es una realidad frente a la cual todos
los venezolanos tiene una actitud de positiva comprensión, si nos convocamos
para conformar un país capaz de sustentarse sobre sus propios pies”, manifestó
Carlos Andrés Pérez para darle luz verde e imponer “El Paquetazo”.
Entre las medidas
neoliberales del FMI implicaba:
- Aumento
de gasolina en 100%
- Se
incrementó al doble el precio de alimentos
- La
Tasa de Interés Bancario se estableció en 28%
- Aumento
en 100% el pasaje urbano
- Se
liberaron precios de los productos y alimentos
- Cargos
públicos quedaron congelados
La noche del 16 de febrero de 1989, Carlos Andrés
Pérez presentó a los venezolanos, en cadena nacional, su proyecto llamado
“Paquete económico” como respuesta a la crisis económica que enfrentaba el país
desde el “Viernes negro” (1983). Estas medidas fueron concebidas, según
mencionó durante la transmisión, “con miras a corregir de manera profunda y
prolongada los errores y omisiones que han causado desequilibrios en el
desarrollo del país”. El paquetazo de Carlos Andrés Pérez, representó una
devaluación de 400%.
A primeras horas el 27 de febrero, las
reacciones se iniciaron en las paradas de autobuses cuando los pasajeros se
enfrentaron con la especulación de los transportistas urbanos. Transportistas
aumentaron precios en 300% y no en 30%, como lo ordenó el gobierno. Los focos
de reacción comenzaron en el terminal de Guarenas-Guatire, luego la oleada se
trasladó a Caracas y sucedió lo inevitable: Saqueos y disturbios en el país
contra las medidas económicas.
Los alimentos acaparados, la desidia y tensión
en cada rincón de Venezuela, hizo que el Estado reconociera que fue el creador
de este fenómeno en donde en la calle reinó el pueblo para saquear
establecimientos comerciales.
La mayoría estaba callada, sin derecho a
protestar porque sabía que si salían a la calle la masacre sería inminente. La
opresión y la miseria llevaron a los barrios de Caracas a tomar las calles
buscando la comida que hacía falta en sus casas.
El gobierno nacional, incapaz de controlar la
situación, suspende las garantías constitucionales, declara un toque de queda
y, sin previo aviso o mediación, reprime al pueblo con la activación de
efectivos militares. El Caracazo fue un estallido social espontáneo en contra
del recetario neoliberal.
DESPUÉS DEL CARACAZO
Después del suceso, en repetidas ocasiones, a
través de los medios de comunicación, Pérez afirmó que el trauma del 27 y 28 de
febrero de 1989 había sido superado. Quiso lavarse la cara, y hasta las manos,
reiterando su convicción de que aquella convulsión social había sido “un
enfrentamiento entre ricos y pobres”, tratando de hacerse a un lado en su
responsabilidad que costó al país miles de muertos en el tristemente célebre
Caracazo”.
SUCESOS ACTUALES EN
VENEZUELA
Hoy en
día se ha llegado a comparar la situación actual con los hechos ocurridos en
1989. Los enfrentamientos entre el gobierno de Nicolás Maduro y los estudiantes
estuvieron llenos de denuncias por abuso de fuerza y violación a
distintos derechos humanos (DDHH). Liliana Ortega, miembro de Cofavic
(Comité de Familiares de las Víctimas de los sucesos ocurridos entre el 27 de
febrero y los primeros días de marzo de 1989), comparó al actual conflicto con
el “Caracazo”.
Si bien Ortega aclaró que
no se los puede comparar en términos de fallecidos y devastación, señaló
que la respuesta del chavismo fue igual a la
de Carlos Andrés Pérez durante el golpe de Estado que tuvo que enfrentar.
“La misma respuesta que
tuvo el gobierno de Carlos Andrés Pérez con respecto al Caracazo la ha tenido
el gobierno de Maduro con las manifestaciones. Se ha criminalizado a las
víctimas, se han desconocido violaciones graves a los derechos humanos y se han
minimizado los hechos de las protestas”, explicó Ortega.
De acuerdo con lo
consignado por El Nacional, desde el 12 de febrero de 2014 hay 106 personas privadas de su
libertad, 1.406 tienen medidas cautelares, de un total de 2.500 detenciones,
según cifrados del Foro Penal Venezolano.
“Si se puede establecer
alguna referencia de estos hechos con los del Caracazo, guardando las
distancias, se puede hablar que, de 650 personas que resultaron detenidas en
1989, un aproximado de 95% quedó en libertad plena”, recordó la miembro del
Cofavic. Y completó: “Al contrario de este momento, cuando hay tres veces más
detenidos que en la revuelta popular de inicios del gobierno de Carlos Andrés
Pérez. Hay una gran cantidad de personas que no
tienen libertad completa solo por protestar. Hoy hay una crisis de
derechos humanos en el país”.
La
Asociación Civil Justicia, Solidaridad y Paz, en su informe sobre la actuación
del Estado en el control de manifestaciones desde el 12 de febrero, denunció la
violación de diez derechos humanos y la ausencia de detenidos por las múltiples
denuncias de tortura en Lara, reseñó el portal de Infobae.
Funcionarios
policiales, militares, fiscales y jueces, son los principales actores involucrados en las violaciones de
derechos, según índica el documento. Los derechos
transgredidos son integridad personal, justicia, libertad de expresión y de
información, libertad personal, manifestación, debido proceso de detenidos o
privados de libertad, seguridad ciudadana, inviolabilidad del domicilio,
autonomía universitaria y el derecho a la vida.
Andrea Díaz
Carlos González
